Crisis sanitaria por Covid-19 no frena represión gubernamental en Nicaragua

lanoticiadigital.net

En medio de la pandemia del Covid-19 y las necesidades inmediatas a raíz de la crisis sanitaria que vive el país, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, mantiene la presión sobre opositores y el asedio policía es desmedido en las calles del país con el objetivo de reducir cualquier expresión de protesta.

Los agentes policiales vigilan de día y de noche e incluso en medio de la lluvia las rotondas, centros comerciales y hasta supermercados.

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez de Escorcia, dijo que la represión en Nicaragua se mantiene en diferentes modalidades.

“Se mantiene la intimidación que representa la movilización social para la policía y es hasta surrealista ver cómo la policía anda reprimiendo con tapabocas, es increíble que supuestamente se andan reservando de la pandemia del coronavirus, pero no dejan de reprimir. Es completamente una cosa surrealista”, resaltó la defensora de derechos humanos.

Mientras en la zona donde se encuentra la residencia presidencial permanecen aún las barricadas montadas por la Policía Nacional desde el año 2018 para proteger a la pareja dictatorial Ortega y Murillo.

RÉGIMEN INCREMENTA REPRESIÓN EN MEDIO DEL COVID-19

Núñez considera que la pandemia solo ha proporcionado al Estado otra forma para incrementar la represión basada en campanas de descalificación y persecución en contra de periodistas y comunicadores que informan sobre el avance de la enfermedad en el país. La misma campaña es impulsada contra médicos independientes y organismos defensores de derechos humanos que han exigido claridad en el manejo de la enfermedad.

“Los nicaragüenses estamos soportando una triple agresión: la agresión política, la crisis económica y la pandemia que se está convirtiendo en un instrumento más de represión de Daniel Ortega”, dijo Núñez.

INCUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN

Recientemente el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Stephen Biegun, notificó al Congreso de su país que el gobierno de Nicaragua sigue incumpliendo las medidas exigidas en la Nica Act para garantizar el respeto a los derechos humanos y elecciones libres y transparentes para restablecer la democracia en el país. Ese informe sería la base legal para más sanciones contra Nicaragua.

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