Defensores DDHH alertan sobre represalias del régimen contra la prensa autónoma en Nicaragua

Defensores de derechos humanos en Nicaragua expresan preocupación por los constantes procesos judiciales que periodistas autónomos enfrentan por denuncias interpuestas por trabajadores del Estado o simpatizantes del partido gobernante Frente Sandinista.

Estos hechos, expone el defensor de derechos humanos, Pablo Cuevas, representan “ataques gubernamentales contra la prensa independiente” que han ido evolucionando desde amenazas, estigmatización, robos e incluso manipulación del poder judicial.

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“Estamos más que seguros que este es un ataque a la libertad de expresión, un mensaje que se le está mandando a los demás periodistas. Es un acto evolutivo en esta cadena represiva, empezaron con robos, intentos de asesinatos, ahora están tratando de callarlos de otra manera y es utilizando el poder judicial”, argumentó Cuevas.

HOSTIGADOS POR EL RÉGIMEN DE NICARAGUA

Su declaración se basa en que al menos dos periodistas nicaragüenses fueron notificados en las últimas semanas sobre el inicio de procesos judiciales en su contra. Recordando, que el engranaje judicial “corrupto” es controlado por el régimen totalitario de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

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Pese a que hay una Ley de Acceso a la Información Pública, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro ha publicado informes que exponen cómo la normativa no funciona, mientras las acusaciones contra periodistas se siguen sumando en los juzgados del país.

VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS COMUNICADORES

Del primero de abril de 2018 al 31 de diciembre de 2019, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro documentó más de 1979 violaciones a la libertad de prensa y en lo que va de 2020 se registraron 192 ataques contra periodistas y la libertad de prensa.

Mientras la Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN) se pronunció en rechazo al enjuiciamiento de periodistas “producto de los ataques y asedios que realiza la policía y miembros plenamente identificados por el gobierno”.

Através de un comunicado la  APN catálogo de “aberración jurídica” las acusaciones en contra de Kalúa Salazar, David Quintana, de Boletín Ecologico y del fallecido director de La Costeñisima, Sergio León,  por considerar que evidencian la “sumisión del sistema judicial ante el régimen orteguista”.

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