PRD y PC fuera del juego electoral por decisión del Tribunal Electoral de Nicaragua

NICARAGUA IMAGEN

En menos de 24 horas, el Poder Electoral de Nicaragua controlado por magistrados afines al presidente Daniel Ortega, revocaron las personarías jurídicas de dos organizaciones opositoras, de cara a los comicios generales del 7 de noviembre.

El martes 18 de mayo le toco al Partido de Restauración Democrática (PRD) aliado de la Coalición Nacional, organización opositora que surgió a raíz de las protestas antigubernamentales en 2018, y este miércoles 19 de mayo el turno fue para el Partido Conservador, que también se le fue anulada la personaría jurídica.

En su momento, Saturnino Cerrato, presidente del PRD informó que recibió una cédula de notificación que “resuelve cancelar la personería del PRD”, y que la decisión es inapelable. La decisión del CSE ocurre después de que un grupo de pastores y miembros de iglesias evangélicas presentaron este lunes 17 de mayo una impugnación contra el PRD, alegando que la dirigencia del partido abandonó el seno de las iglesias evangélicas, actuando contrario a sus principios cristianos, al concretar una alianza electoral con organizaciones feministas, de la diversidad sexual y otras de la Coalición Nacional.

Cerrato, confirmó que la impugnación fue realizada por personas que ni siquiera eran parte de la agremiación política.

“Que yo sepa una persona civil y natural no puede impugnar a un partido político, ellos ni siquiera son miembros”, dijo Cerrato.

En tanto, Alfredo César, presidente del Partido Conservador, explicó que los del CSE dejaron el documento en la entrada de la sede del partido ubicada en Managua, en horas del martes por la tarde, pero hasta hoy lo vieron. El documento es firmado por magistrados y magistradas del CSE expresa textualmente: «resuelve cancelar la personalidad jurídica del Partido Conservador, notifíquese para todos los efectos de ley.

De acuerdo a César, la plataforma política denominada Unión Republicana (Unir), encabezada por el Partido Conservador, recibió el 6 de abril, la certificación legal por parte de la Dirección de Partidos Políticos del CSE para que pudiera participar en la contienda electoral. Sin embargo, el 12 de mayo, César informó que habían decidido no participar en las elecciones generales, pero que la decisión no era definitiva y que en unos meses consultarían con sus bases.

ORGANIZACIONES OPOSITORAS CONDENAN AL CSE

La organización opositora Unión Democrática Renovadora (Unamos), conformada por disidentes del Frente Sandinista, a quienes también se les despojó de su personería jurídica años atrás, condenaron la medida en contra del PRD.

“Unamos rechaza esta nueva agresión de la dictadura de los Ortega Murillo, que muestra su terror a elecciones, a la decisión ya tomada por la mayoría del pueblo nicaragüense de hacer un cambio democrático en noviembre”, dice parte del comunicado.

Añaden que el proceso electoral se encamina a ser “totalmente deslegitimado con la inhibición de la principal fuerza política de oposición, cuyos integrantes han tenido un papel relevante y decisivo en las protestas desde abril de 2018 y posteriores”.

Mientras tanto Tamara Dávila, miembro de la Coalición Nacional, advirtió que, ante la medida del Supremo Electoral, harán todo lo que sea necesario, “incluso acciones de movilización” para presionar a la comunidad internacional, denunciando las movidas de Ortega en Nicaragua.

EMPRESA PRIVADA TAMBIÉN RECHAZÓ RESOLUCIÓN

Lo dispuesto por el CSE también fue condenada por otros actores políticos, como el expresidente del sector privado, José Adán Aguerri quien manifestó que “la decisión del nuevo Consejo Electoral mantiene su viejo actuar al cancelar personería jurídica al PRD”.

“Una vez más lo que les importa es la preservación del poder a cualquier costo sin importar el país y mucho menos el bienestar de las mayorías”, escribió Aguerri en su cuenta de Twitter.

El exembajador de Managua en Washington y también aspirante presidencial, Arturo Cruz señaló que la medida electoral “es una muestra tangible de la arbitrariedad que caracteriza a un poder electoral que responde a intereses partidarios”.

Mientras que el partido de derecha Ciudadanos por la Libertad escribió que la revocación de la personería al PRD “lesiona gravemente el derecho constitucional de los nicaragüenses a elegir y ser electos y pone de manifiesto la falta de seguridad jurídica que ha caracterizado los procesos electorales durante más de una década”.

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