Un total de 558 personas están privadas de libertad, de las cuales 512 son hombres y 43 mujeres. 375 personas están siendo procesadas, 345 hombres y 27 mujeres. Hay 36 personas condenadas, 31 hombres y cinco mujeres; 13 personas tienen casa por cárcel, detalló Azahalea Solís, de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.  

Varios de estos presos políticos aseguran que están encarcelados en precarias condiciones de salud y estados delicados como el de Brenda Muñoz, quien sufre cáncer y el régimen se niega a ponerla en libertad o darle acceso a medicamentos sugeridos por médicos o enviados por sus familiares.

Igualmente se conoce el caso de Nardo Sequeira que pasó cinco semanas detenido ilegalmente sin ser sometido a proceso judicial.

Otros sufren enfermedades contraídas por las inadecuadas condiciones de las celdas como hongos y enfermedades de la piel, enfermedades respiratorias y estomacales y otros han empeorado sus enfermedades crónicas por inadecuada atención médica.

Incluso se han documentado casos de aborto de dos detenidas a causa de las condiciones precarias, aseguran las madres de presos políticos.

Igualmente denuncian que las celdas no poseen condiciones dignas, no hay ventilación ni iluminación ni condiciones sanitarias.

Juan Sebastián Chamorro como Alianza Cívica demandó solidaridad con los 558 presos políticos que contabilizan en todo el país y la inmediata libertad de los detenidos sin prueba alguna, pero castigados en juicios de odio por los jueces orteguistas que actúan como verdugos de los procesados azul y blanco.

 

 

 

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